No se sabe a ciencia cierta cuántas tierras han sido usurpadas en Colombia. Los estudios y los académicos no se han podido poner de acuerdo si son cinco millones de hectáreas o cerca de dos millones. Lo que sí se conoció la semana pasada fue la impresionante denuncia hecha por el superintendente Jorge Enrique Vélez: solo revisando el 10 por ciento de las oficinas de registro y notarías del país, por lo menos 150.000 hectáreas baldías han sido tituladas de manera irregular. Es decir, podría pensarse que la base arrancaría en 1,5 millones de hectáreas de tierras baldías que se titularon fraudulentamente.
Esta enorme usurpación ha tenido lugar gracias a la dialéctica de 'la plata o el plomo', por la cual los funcionarios que participan en la entrega de tierras baldías sucumben ante la amenaza del cañón en la sien o el poder corruptor del soborno. Frente a la magnitud del despojo de tierras a los campesinos y el descarado robo de baldíos al Estado, la Superintendencia de Notariado y Registro conformó un grupo especial para investigar las mafias que están detrás de estos delitos. Ya están siendo intervenidas las oficinas de Registro de Cartagena, Santa Marta, Tuluá, El Carmen de Bolívar y San Martín (Meta), y harán visitas de inspección a las 822 notarías.
Pero el sistema de notarías no es el único eslabón que presenta anomalías. Precisamente, la semana pasada volvió a ser noticia uno de los casos más emblemáticos de corrupción en el Incoder. Se trata de la entrega irregular de 38.144 hectáreas que fueron adjudicadas en 2006 a personas cercanas al exsenador risaraldense Habib Merheg en el Vichada, tal y como lo denunció la revista SEMANA en abril de 2007. El director del Incoder, Juan Manuel Ospina, anunció que el gobierno entregará esas tierras a familias desplazadas.
Pero el sistema de notarías no es el único eslabón que presenta anomalías. Precisamente, la semana pasada volvió a ser noticia uno de los casos más emblemáticos de corrupción en el Incoder. Se trata de la entrega irregular de 38.144 hectáreas que fueron adjudicadas en 2006 a personas cercanas al exsenador risaraldense Habib Merheg en el Vichada, tal y como lo denunció la revista SEMANA en abril de 2007. El director del Incoder, Juan Manuel Ospina, anunció que el gobierno entregará esas tierras a familias desplazadas.
Y como siempre los afectados son los pobres, en esta ocasion los campesinos, no solo sufren el trauma de el conflicto armado que se vive en colombia, y tiene que salir de sus hogares a aventurarse a la deriva a ver que puede pasar, definitivamente en este pais lo que se ve es la corrupcion, si no es por un lado es por el otro, pero hay... y lo peor es que los que tiene que actuar en contra de esto, muchas veces se ven nvolucrados, en vez de favortecer a los sectores mas pobres de nuestro pais se unen para antes hacerlos mas pobres, y quitarles lo poco que tiene! entonces si los que mandan no hacen nada, quien manda a los que mandan? no toman soluciones que de verdad se vean los resultados y se resuelva por ahi la probreza que tambien genera todos estos problemas sociales!
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